Inazucar - La Nueva Política Azucarera Dominicana de cara al Desafío Internacional

La República Dominicana, inicia una etapa de gran trascendencia con la entrada en vigencia recientemente, de la ley que incentiva el desarrollo de fuentes renovables de energía marcada con el número 57-07, fue promulgada por el Presidente de la República el 7 del presente mes de mayo.

La ley constituye el marco normativo y regulatorio por excelencia con ampliación en todo el territorio nacional, mediante el cual el Estado Dominicano otorgará incentivo y regulará el desarrollo y la inversión en proyectos que aprovechen toda fuente de energía renovable como biocombustibles, bio-diesel y bio-etanol dirigidos al autoconsumo, la comercialización nacional y la exportación de energía solar y eólica, para lo cual se contempla la construcción de parques eólicos que faciliten la inversión en esa área.

Varios son los objetivos estratégicos y de interés público que se persiguen con la entrada en vigencia de la nueva ley. Estos son:

1. Aumentar la diversidad energética del país en cuanto a la capacidad de autoabastecimiento de los insumos estratégicos que significan los combustibles y la energía no convencionales, siempre que resulten más viables;

3. Estimular los proyectos de inversión privada, desarrollados a partir de fuentes renovables de energía;

4. Propiciar que la participación de la inversión privada en la generación de electricidad esté supeditada a las regulaciones de los organismos competentes y de conformidad al interés público;

5. Mitigar los impactos ambientales negativos de las operaciones energéticas con combustibles fósiles;

6. Propiciar la inversión social comunitaria en proyectos de energías renovables;

7. Contribuir a la descentralización de la producción de energía eléctrica y biocombustibles, para aumentar la competencia del mercado entre las diferentes ofertas de energía; y

8. Contribuir al logro de las meta propuestas en el Plan Estratégico Nacional específicamente en lo relacionado a las fuentes de energías renovables, incluyendo los biocombustibles.

Todas propuestas de proyectos de instalaciones públicas, privadas, mixtas, corporativas o cooperativas de producción de energía y/o de producción de biocombustibles presentados por inversionistas nacionales y extranjeros y cuya evaluación demuestre su viabilidad física, técnica, medioambiental y financiera pueden acogerse a los incentivos contemplados en la ley. Las fuentes para estos proyectos son:

1. Parques eólicos y aplicaciones aisladas de molinos de viento con potencia instalada inicial, de conjunto, que no supere los 50 MW;

2. Instalaciones hidroeléctricas micros, pequeñas y/o cuya potencia no supere los 5 MW;

3. Instalaciones electro-solares (fotovoltaicos) de cualquier tipo y de cualquier nivel de potencia;

4. Instalaciones termo-solares (energía solar concentrada) de hasta 120 MW de potencia por central;

5. Centrales eléctricas que como combustible principal usen biomasa primaria, que pueden utilizarse directamente o tras un proceso de transformación para producir energía (como mínimo 60% de la energía primaria) y cuya potencia instalada no supere los 80 MW por unidad termodinámica o central;

6. Plantas de producción de bio-combustibles (destilerías o bio-refinerías) de cualquier magnitud o volumen de producción.

7. Fincas Energéticas, plantaciones e infraestructuras agropecuarias o agroindustriales de cualquier magnitud destinadas exclusivamente a la producción de biomasa con destino a consumo energético, de aceites vegetales o de presión para fabricación de bio-diesel , así como plantas hidrolizadotas productoras de licores de azúcares (glucosas, xilosas y otros) para fabricación de etanol carburante y/o para energía y/o bio-combustibles)

8. Instalaciones termo-solares de media temperatura dedicadas a la obtención de agua caliente sanitaria y acondicionamiento de aire en asociación con equipos de absorción para producción de frío.

La entidad nacional encargada para la evaluación de los proyectos es la Comisión Nacional de Energía.

La ley contempla exención impositiva del 100 por ciento para las importaciones de equipos, maquinarias y accesorios necesarios para la producción de energía de fuentes renovables, que cumplan con la ley, los equipos y materiales quedan igualmente exonerados del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios –ITBIS-, conocido como IVA en Sur y Centroamérica y otros países del mundo.

Los proyectos a ser instalados en la República Dominicana en el marco de la Ley Sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía, quedan liberados del pago del impuesto sobre la renta, que actualmente es de un 25 por ciento, durante un período de diez (10) años hasta el año 2020, todos los ingresos obtenidos de la venta de electricidad, agua caliente, vapor, fuerza motriz, biocombustibles y combustibles sintéticos señalados, generados a base de fuentes de energía renovables, así como de los ingresos derivados de la venta e instalación de los equipos, partes y sistemas producidos en el país cuyo valor agregado tenga un mínimo del 35 por ciento.

Las empresas que requieran de financiamiento externo, se le reduce a 5 por ciento el impuesto por concepto de pago de interés. De igual manera se otorga hasta un 75 por ciento del costo de la inversión como crédito único al impuesto sobre la renta a las empresas autoproductoras en función de la tecnología de energías renovables asociadas a cada proyecto. Para los proyectos de energía renovable, que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero se les otorgarán certificados o bonos canjeables según el llamado “Acuerdo de Kyoto”. Esos certificados serán emitidos por el órgano competente que evalúe emisiones reducidas por los proyectos, en base a los protocolos oficiales de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).

Para los inversionistas, sean nacionales o extranjeros, que deben acogerse a los beneficios de la ley, tienen también obligaciones que cumplir, tales como:

1. Cumplir con las normas técnicas de generación, transporte y gestión técnica del sistema;

2. Adoptar las normas de seguridad, reglamentos técnicos y de homologación y certificación de las instalaciones e instrumentos que se establezcan;

3. Abstenerse de ceder a consumidores finales los excedentes de energía eléctrica no consumida, si no cuenta con una aprobación específica por parte de la Superintendencia de Electricidad (SIE);

4. Facilitar a la administración información sobre producción, consumo, venta de energía y otros extremos que se establezcan;

5. Cumplir con las normas sobre permisos y estudios ambientales requeridas por la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, del 18 de agosto del 2000, y sus reglamentos.

Pero los inversionistas extranjeros no solamente dispondrán del mercado internacional para comercializar los combustibles como el bio-etanol que produzcan; sino que también tendrán un mercado local, que está obligado a suplir hasta el 2015 un mínimo del 10 por ciento de energías renovables del consumo total y hasta un 25 por ciento para el año 2025. Esto significa un mercado local de alrededor de 50-60 millones de galones (225 millones de litros) de bioetanol hasta el 2015 y de más de 120 millones a partir del año 2025 (450 millones de litros). Asimismo, es de carácter obligatorio que los combustibles fósiles que se utilicen en los vehículos de motor de combustión interna para el transporte terrestre en el territorio nacional, deberán ser mezclados con proporciones específicas de biocombustibles. Las proporciones de las mezclas se establecerán gradualmente, conforme se vayan desarrollando los proyectos de producción de esos biocarburantes.

Ahora bien señores empresarios e inversionistas presentes. La República Dominicana representa un escenario para la inversión de condiciones favorables, excelentes y extraordinarias. Disfrutamos de un régimen democrático inigualable en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Existe una amplia seguridad jurídica que incluye una ley de inversión extranjera que garantiza a las empresas que se instalen en el país repatriar el 100 por ciento de sus beneficios sin restricción alguna. El clima laboral es favorable con una mano de obra cada vez más calificada y no se permite en ningún sector de la economía, el trabajo infantil.

La economía dominicana es una de las de mayor crecimiento en el mundo, con una tasa de crecimiento en el año 2005 del 9.3 por ciento y del 10.7 por ciento en el 2006, previéndose un crecimiento para el cursante año 2007 superior al 9 por ciento, de conformidad con organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es evidente la estabilidad macro económica, con una inflación menor del 7.4 por ciento en el 2005 y en el 2006 del 5 por ciento.

En cuanto al régimen monetario y financiero, el país disfruta de un tipo de cambio flexible, que se ha mantenido estable en los últimos años, con bajas tasas de interés que mantienen considerablemente bajo el costo del dinero, lo que permite reducir los costos de producción otorgándole cada vez más a las empresas mayor capacidad competitiva.

A parte de todo esto, las empresas que allí se instalen van a operar en un país que tiene acuerdo de libre mercado con Estados Unidos y Centroamérica.

En los actuales momentos, el gobierno nacional viene impulsando un ambicioso proyecto para integrar grandes plantaciones de caña estatales a la producción de azúcar, bio-etanol y cogeneración.

Nos referimos a grandes extensiones de terrenos cultivados de caña pertenecientes a siete (7) ingenios que hasta hace poco pertenecían en condiciones de arrendamientos a inversionistas privados. Al incumplir estos, los acuerdos con el gobierno, en lo relativo a inversión, por falta de capital no pudieron entonces desarrollar esas empresas, viéndose obligados esos inversionistas a abandonar los proyectos, por lo que el gobierno negocia con nuevos inversionistas privados nacionales y extranjeros para la ejecución y desarrollo de ese gran proyecto.

El mismo tendrá una inversión que supera los 500 millones de dólares norteamericanos, y se busca con ello regresar al país como el gran productor de azúcar de la década de los 70 y los 80, que nos conduzca abastecer la cuota del mercado de Estados Unidos, el posible nicho de mercado de azúcar que en el futuro nos corresponda en la Unión Europea y satisfacer a plenitud la demanda del mercado local. Así como la parte de los bio-combustible y de energía renovable que pueda corresponderle a la República Dominicana. El gran proyecto que promueve el gobierno, es 100 por ciento de inversión privada.

Durante más de cien (100) años, la industria azucarera dominicana, ha sido vital para la economía del país. Fue su principal actividad económica desde el inicio del mismo proceso de instalación de las primeras grandes centrales azucareras en 1874 con tecnología moderna. Entre ese año y 1957 se construyeron diez y seis (16) ingenios con una capacidad para procesar unas 85 mil TM de caña por día. Pero no vamos analizar la industria azucarera a partir de ese año de 1874; vamos a ver su desempeño desde 1970 hasta la actualidad.

De ahí, que entre los años 1970 y 2006, se cultivaron 8.4 millones de hectáreas de caña con un área cosechada del 83.3 por ciento para 7.0 millones de hectáreas y una producción de caña ascendente a 291 millones de TM. De esta cantidad, les correspondieron a los ingenios estatales 159.6 millones para un 55.4 por ciento y al sector privado 131.3 millones para el 44.6 por ciento.




PERIODO		AREA CULTIVADA	AREA COSECHADA
1970-73		843,352	702,792
1974-77		941,780	784,816
1978-81		1,057,188	880,992
1982-85		1,205,980	1,004,984
1986-89		1,071,376	892,816
1990-93		1,037,768	864,808
1994-97		997,272	831,060
1998-01		608,172	506,808
2002-06		657,170	558,515
TOTAL		8,420,058	7,027,591
	FUENTE: INAZUCAR

GRAFICO NO. 2
COMPORTAMIENTO MOLIENDA DE CAÑA DE AZUCAR 1970 AL 2006
EN TONELADAS METRICAS
EN PROMEDIO POR PERIODO CADA 4 AÑOS

Partiendo del comportamiento tanto del área bajo cultivo como de la cantidad de caña cosechada y procesada, observamos que durante los quince años transcurridos entre 1970 y el 1985 el sector público fue más preponderante que el privado, con una participación del 65 por ciento contra el 35 del segundo. En cambio, a partir del 1986 hasta nuestros días, el sector privado adquiere mayor relevancia con un 59 por ciento frente al público que obtiene el 41 por ciento. La posición del sector privado se ha consolidado aún más en los últimos seis años cuando su participación en la industria azucarera equivale al 77 por ciento; siendo en los últimos tres años del 95 por ciento, cuando a éste se le agrega la producción del Ingenio Barahona, un ingenio del Sur, que es del Estado; pero administrado por el sector privado.

En el período de referencia se produjeron 30.5 millones de TMVC de azúcar y se exportaron 21.6 millones, generándole al país ingresos en divisas por 7,115 millones de dólares norteamericanos. Desde 1970 hasta el año 1999, la entrada de dólares fue de 6,572 millones, cantidad impresionante que contribuyó determinantemente en el desenvolvimiento de la economía nacional.

Pero la producción de azúcar del sector público se redujo, porque entre los cambios experimentados en la economía mundial, que requería que los sectores productivos se reconvirtieran, a través de la introducción de nueva tecnología, el mismo se fue transformando de manera gradual en almacenes de chatarras, haciéndose menos eficientes y cada vez con menos capacidad competitiva, siendo esta la causa principal del colapso.

CUADRO NO.3
COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION DE AZUCAR
EN TMVC DURANTE EL PERIODO 1970-2006

AÑOS	PRODUCCION TOTAL	SECTOR ESTATAL	RELACION (EN %)	SECTOR PRIVADO	RELACION (EN %)
1970-73	4,394,344	2,666,412	60.7	1,727,932	39.3
1974-77	4,805,272	3,160,120	65.8	1,645,156	34.2
1978-81	4,450,712	2,718,404	61.1	1,732,312	38.9
1982-85	4,548,156	2,787,088	61.3	1,761,068	38.7
1986-89	3,152,180	1,568,340	49.8	1,583,840	50.2
1990-93	2,431,232	1,188,520	48.9	1,242,712	51.1
1994-97	2,386,852	902,776	37.8	1,484,076	62.2
1998-01	1,842,576	420,320	22.8	1,422,256	77.2
2002-06	2,489,405	461,430	18.5	2,027,975	81.5
TOTAL	30,500,729	15,873,410	52.0	14,627,327	48.0
FUENTE INAZUCAR

GRAFICO NO.3
COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION DE AZUCAR
EN TMVC DURANTE EL PERIODO 1970-2006


PERIODO	CANTIDAD (EN TMVC)	VALOR EN US$
1970-73	4,058,296	810,486,731
1974-77	4,127,671	1,732,189,181
1978-81	3,502,636	1,502,567,187
1982-85	3,415,073	1,446,656,231
1986-89	2,096,365	558,525,981
1990-93	1,370,545	489,478,139
1994-97	1,310,547	543,650,975
1998-01	762,659	315,482,167
2002-06	947,853	405,992,311
TOTAL	21,591,645	7,805,028,903
FUENTE INAZUCAR

Y mientras esto sucedía en los ingenios públicos, el sector privado con una visión más amplia de las expectativas de cambio mundial que incluía los mercados, comenzó una etapa de modernización y eficientización de su industria, que paso a paso lo llevó a desplazar en producción al sector gubernamental. Esto lo hizo convertirse en los últimos diez años en el mayor productor de azúcar del país, obteniendo en el presente el 95 por ciento de la producción.

AÑO	GALONES AMERICANOS	VLOR US$
1970/73	190,258,345	23,682,658
1974/77	181,007,825	52,211,233
1978/81	151,363,348	53,614,435
1982/85	152,035,275	49,783,071
1986/89	119,107,267	43,475,092
1990/93	110,271,313	44,747,609
1994/97	109,914,732	46,819,954
1998/01	93,397,742	35,376,087
2002/06	102,544,799	51,325,409
TOTAL	1,209,900,646	401,035,548

AÑO	TONELADAS METRICAS	VALOR US$
1970/73	99,101	27,964,359
1974/77	117,423	63,210,061
1978/81	150,941	104,238,796
1982/85	134,077	84,352,382
1986/89	134,702	75,905,081
1990/93	131,631	57,765,207
1994/97	137,944	59,318,542
1998/01	119,664	58,452,576
2002/06	149,670	74,162,403
TOTAL	1,175,153	605,369,407

En estado aparente de clausura la industria azucarera estatal, es el sector privado el responsable de la producción del dulce en la República Dominicana y de los empleos creados en la industria y donde también trabajan miles de nacionales haitianos en labores diferentes, pero en mucho menor proporción que en los tiempos de gran esplendor de esa industria.

Conjuntamente con esto, han surgido grupos que supuestamente defienden los trabajadores extranjeros que operan dentro de la República Dominicana e interactúan con sectores del exterior, que a todas luces quieren dañar la imagen de nuestro país. Estos sectores antidominicanos la han embestido contra las tres empresas productoras del dulce.

Pero en realidad, no es contra ninguna de ellas en particular, es contra toda la industria y más aún contra la República Dominicana. Por qué decimos que es contra el país, pues están acusando la industria en el plano internacional de prácticas esclavistas y de discriminación por efecto de nacionalidad. De ahí, que hayan elaborado un documento titulado “Esclavos en el Paraíso” que sirvió de base para un filme o película que se ha estado exhibiendo en varios países de Europa y Norteamérica.

Es un documental falso, injurioso e irracional con el que se pretende dañar la muy bien ganada imagen de país democrático en donde se respetan a plenitud los derechos humanos y la libre expresión del pensamiento.

Los nacionales haitianos que laboran en la industria azucarera, son contratados de conformidad con las leyes de Migración y Laboral. Están rodeados de las mismas condiciones de los dominicanos que realizan iguales tareas. Viven en las mismas comunidades, reciben igual tarifa por jornada de trabajo y se les paga en igual período de tiempo. Son cientos y cientos de jóvenes de nacionalidad haitiana que estudian en varias universidades dominicanas, algunos grados de Master.

En la industria azucarera dominicana, no se practican en lo absoluto ni métodos esclavistas de producción ni tampoco discriminación por efecto de nacionalidad. Los trabajadores extranjeros que operan en ella son contratados en forma voluntaria y tienen pleno derecho a decidir sus movimientos; pudiendo trasladarse; según sus propias conveniencias, a cualquiera de las centrales azucareras localizadas en la misma región y/o en otras diferentes; así como practicar otras actividades, como lo hacen permanentemente en diversos sectores de la economía.

De ahí que todos los sectores nacionales rechazan en todas sus partes la campaña desarrollada en el exterior por sectores antidominicanos que sólo buscan hacerle daño a la industria azucarera y consecuentemente al país.

Y si eso no lo fue antes, cuando la industria azucarera empleaba entre 75 y 80 mil trabajadores por año entre 1970-1999 para un total de 2.2 millones y cuando la industria no estaba mecanizada, ahora menos. Antes operaban 40 mil braceros de nacionalidad haitiana y ahora solo entre 10 y 11 mil trabajadores, que tan sólo representan menos del 1 por ciento de la población de 1.9 millones que se estima vive en el país entre legales e ilegales.

La gran cantidad de esos inmigrantes se desempeñan trabajando en múltiples sectores de la economía dominicana, y sin embargo sectores que interactúan en contra de la industria azucarera sólo la emprenden contra ella.

El gobierno dominicano, los sectores productivos del país y la casi totalidad de la población, para no decir que toda, están conscientes del drama que viven los haitianos en su país. Y en correspondencia con ese grado de conciencia actúan para ayudar a ese pueblo a sobrellevar su situación. Pero la comunidad internacional debe ser más activa frente al caso y saber que la República Dominica por más que haga y quiera hacer no lo puede ni todo, ni sola.

No hay porqué negar que la industria azucarera precisa de braceros de origen haitiano. Pero tampoco, nadie está en capacidad de negar, que la República Dominicana es una importante fuente de empleo para ellos, a través del sector azucarero, que desde hace muchas décadas obtienen ingresos económicos que históricamente les han permitido vivir.

Si la defensa de los haitianos, fuera el verdadero objetivo de los sectores que distorsionan la realidad dominicana en el exterior; entonces deberían estar luchando junto a ellos en su propio país, para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de la vecina nación, que permitan que cada vez en forma sostenible ingresen ella grandes flujos de capitales con fines de inversión que permita iniciar una etapa de desarrollo que genere las fuentes de empleos que precisan sus ciudadanos y puedan colocarse en condiciones de no necesitar ir a la República Dominicana en busca del empleo que no pueden obtener en su país. El gobierno dominicano en todos los foros locales e internacionales que participa, reitera la necesidad de participar activamente en el rescate y desarrollo de Haití y su pueblo.

1. Con la promulgación de la Ley de Incentivo de Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía, se inicia en la República Dominicana una nueva política azucarera que la conducirá, a partir de la caña de azúcar hacia el desarrollo de producción de bioetanol y otras energías alternativas.

2. La nueva ley se constituirá en un mecanismo idóneo de atracción de capitales, destinados a la explotación agrícola con fines de producción de etanol carburante.

3. Dado los incentivos a los proyectos que se instalen, previstos en la ley, el país está preparado para recibir las inversiones que se destinen a las áreas de energías verdes.

4. Todo cuanto se diga en el plano internacional en contra de la industria azucarera, representan calumnias injuriosas que solo buscan dañar la buena imagen que tiene la República Dominicana en el exterior.

5. En la República Dominicana, ni antes ni ahora, se realizan prácticas esclavistas, ni discriminación racial en ningunos de los sectores que integran la economía nacional.

6. El país caribeño ha servido de alivio durante muchas décadas a los males económicos y sociales que padece una parte importante del pueblo haitiano; siendo la industria azucarera; al igual que otras áreas, un destino eficaz receptora de empleos de la inmigración procedente de ese país.

7. Los inmigrantes haitianos, no sólo trabajan en la República Dominicana; sino también que estudian en diferentes universidades y comparten socialmente con los nacionales sin ningún tipo de prejuicios ni perjuicios.