DECLARACIÓN DE PRENSA
(Exclusiva para el Listín Diario)

El actual Gobierno Dominicano, sí tiene una política azucarera muy bien estructurada, definida, transparente, coherente y lo suficientemente viable. Es una política azucarera que se rige en función de un marco jurídico constitutivo por un conjunto de leyes que son la Ley número 618 del 16 de febrero de 1965 que crea a este Instituto Azucarero Dominicano, la Ley número 7 de fecha 19 de agosto de 1966 que crea el Consejo Estatal del Azúcar y la Ley número 491 de fecha 27 de octubre de 1969, sobre Colonato Azucarero. Además de estas leyes, la política azucarera dispone de un legado de reglamentos, decretos y resoluciones del Consejo de Directores del INAZUCAR.

Como parte de la política que norma la industria azucarera nacional, se han establecido estructuras de precios internos de garantías sobre bases reales, estableciendo un mecanismo idóneo de distribución de la cuota de exportación de azúcar al mercado preferencial de los Estados Unidos, poniéndose en marcha al mismo tiempo la Rectificación Técnica como un mecanismo de restricción de importación de endulcurantes que impiden el congestionamiento del mercado local con azúcar de producción extranjera, como una forma de garantizar el mercado al azúcar de origen nacional.

Otra parte de la política azucarera lo constituye por igual la Ley de Reforma de la Empresa Pública, mediante la cual los ingenios estatales pasaron al sector privado bajo condiciones de arrendamiento.

Lo que no se ha propuesto nunca el presente gobierno, es estratificar la política azucarera nacional para beneficiar a una empresa determinada en detrimento de las demás industrias del sector como lo hizo el gobierno transcurrido durante el período 2000-2004. Eso si que no lo harán las actuales autoridades, que tienen clara conciencia del funcionamiento del Estado y saben que su papel es gobernar para toda la sociedad y no para sectores específicos.

En la etapa actual, jamás la política azucarera tomará el derrotero seguido durante la gestión pasada, basado en un hostigamiento sin precedente en la historia azucarera dominicana contra los inversionistas originales adjudicatarios de los ingenios arrendados. Ese hostigamiento degeneró en un clima de desconfianza que provocó la partida del país de algunos de los arrendatarios, creando un caos de enorme magnitud en la industria azucarera.

Como resultado del hostigamiento dirigido por el propio gobierno, la desconfianza y el caos condujeron a una política azucarera devastadora de una parte importante de la industria azucarera.

Fue así, como toda la tierra agrícola destinada al cultivo de caña propiedad de los ingenios Ozama y Río Haina, con un área de 556 mil tareas fue distribuida entre funcionarios del gobierno pasado. Igualmente, más de 100 mil tareas de los ingenios Porvenir, Santa Fe y Boca Chica corrieron la misma suerte, para totalizar más de 700 mil tareas, todas sembradas de caña. Todas las tierras turísticas de Cumayasa; así como millones de metros cuadrados de terrenos urbanos y comerciales en otras zonas del Consejo Estatal del Azúcar –CEA- fueron por igual asimismo distribuidas entre los mismos funcionarios y/o vendidas a precios leoninos.

Como parte también de esa política devastadora de la industria azucarera, fueron destruidas las factorías de los ingenios Santa Fe, Porvenir, Ozama y Río Haina. De estos dos últimos se desmantelaron 282 Kilómetros de vías férreas con más de 495 mil piezas ferroviarias que incluyen 56 mil rieles, 385 mil traviesas y otras 54 mil piezas entre las que se citan vigas, pares de eclipsas, ranas y agujas. Todas estas piezas con un valor a precios del año 2000 de 583 millones de pesos fueron vendidos como chatarras por funcionarios del CEA del gobierno pasado. También fueron desmantelados treinta y un (31) de los treinta y dos puentes ferroviarios del mismo modo vendidos como chatarras. Pero mientras todo esto sucedía a la luz de los ojos del pueblo dominicano, los críticos de la política azucarera del presente gobierno permanecieron callados como si nada hubiera sucedido.

Incluso algunos de esos críticos, que ahora consideran que la industria azucarera en el presente gobierno va a la deriva, se olvidan que ellos como empresa azucarera surgieron como resultado de esa política vergonzosa, absurda y destructiva del propio sector azucarero, con todos los privilegios que conllevan las relaciones de sus inversionistas con el presidente de turno.

En lo relativo a la revisión de los contratos de arrendamientos de los ingenios, estamos de acuerdo. Pues hay empresas arrendatarias que han hecho grandes inversiones tanto en el área agrícola como las de factoría y de transporte con el propósito de rehabilitar esas empresas. Es necesario que se les provea a los ingenios arrendados de los mecanismos que les garanticen niveles de rentabilidad aceptables que les permitan mantener un flujo permanente de inversión hasta lograr su rehabilitación total.

Lic. Faustino Jiménez
Director Ejecutivo

Santo Domingo, D. N.
24 de Febrero del 2005.-